Fidel Ernesto Vásquez I.

“Patria es Humanidad”

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Clarin y los multimedios, enemigos número uno de la libertad de prensa

Posted by Fidel Ernesto Vásquez I, en 14 septiembre 2009

“En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista. El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición. Su acción es casi in denunciable porque fundamentalmente opera, no a través de sus opiniones sino mediante el diestro empleo de la información que por su misma índole no puede proporcionar una visión integral y sólo transfiere aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representa”.

Raúl Scalabrini Ortiz

El solo hecho de que el principal opositor a la propuesta del ejecutivo nacional sobre medios audiovisuales sea el grupo Clarín, comúnmente asociado a la prensa gráfica, indica a las claras el fenomenal grado de concentración y diversificación oligopólica que, en lamentable consonancia con todas las ramas de producción material y simbólica de la Argentina, ha sufrido la estructura multimediática a partir de 1976.

El grupo homónimo al “gran diario argentino” es un típico ejemplo. Posee grandes intereses en distintos diarios nacionales y provinciales, editoriales, radios am y fm en todo el país, revistas, televisoras abiertas provinciales y nacionales, televisación por cable y satelital, señales de cable, productoras deportivas, cinematográficas y de contenidos para televisación abierta y por cable, sitios de internet, y el control de Papel Prensa, insumo decisivo para toda la prensa gráfica nacional, entre otros.

El romance entre el grupo y el ejecutivo se prolongó durante toda la recomposición semicolonial del periodo 2003-2007, pero la desenfadada ofensiva agroexportadora transformo las rosas en espinas. Luego de ceder en sucesivas ocasiones a los intereses del grupo, el oficialismo sintió en carne viva la ingratitud del establishment local, dispuesto a aplaudir cuando se defienden sus intereses pero implacable frente a cualquier dislate “populista”.

Es que en los límites del progresismo pequeño burgués que lo anima, los avatares entre el kirchnerismo y el bloque dominante tensan la relación entre poder y gobierno a límites que obligan a este último a orientarse hacia medidas democratizadoras elementales. La política de “desendeudamiento” lo empuja a terminar con el régimen de saqueo de las AFJP, la escalada de los precios internacionales de las oleaginosas lo ilusiona con ampliar su margen en el festival de la sojización, una descarnada coyuntura de ofensiva mediática lo predispone a cuestionar los fundamentos jurídicos que regulan a los medios de comunicación.
Las limitaciones del proyecto presentado por el ejecutivo se inscriben en este cuadro. Se cierra el mercado mediático a los prestadores de servicios públicos pero se excluye explícitamente a las telefónicas, núcleo del capital extranjerizado con obvias ventajas comparativas para reoligopolizarlo. Se prohibe la asociación de empresas locales con corporaciones extranjeras, pero se exceptúa de esa claúsula a los capitales foráneos comprendidos en los acuerdos de reciprocidad firmados en gran cantidad por el menemismo en los 90. Se sostiene la necesidad de garantizar la representatividad y diversidad de los contenidos, pero se sostiene a la desacreditada partidocracia local como eje de las autoridades de aplicación y regulación. Inexplicablemente, se excluye del proyecto a los medios gráficos.

No hay lugar, sin embargo, para las objeciones histéricas de ADEPA o los cacareos cipayos de la oposición en pos de la “libertad de prensa”. Hipócritas paladines de una “pluralidad” de medios que por una innumerable variedad de canales amplifica a la misma voz: la de los grupos más concentrados de la economía nacional y global.

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EN VENEZUELA SE INICIA EL AÑO ESCOLAR CON ALEGRIA Y NUEVA LEY DE EDUCACION PARA BENEFICIO DE TODOS Y TODAS

Posted by Fidel Ernesto Vásquez I, en 14 septiembre 2009

El papel que ha jugado la iniciativa privada en la educación en Venezuela, siempre ha estado supeditado al control del Estado.

Los antecedentes históricos así lo confirman, desde el viejo tronco legislativo español y la legislación de Indias, hasta la recién aprobada Ley Orgánica de Educación (LOE).

Fue así durante la colonia española, en los años aciagos de la guerra de independencia; en el tiempo de la Gran Colombia y después de ella, durante todo el siglo XIX; en la dictadura de Gómez y en los sucesivos gobiernos posteriores hasta nuestros días.

Potestad de vieja data

Ya Aristóteles, en la Antigua Grecia, en uno de los capítulos de su Política, establecía que “el medio más eficaz para conservar los Estados, es educar a los ciudadanos en el espíritu de los gobiernos”.

Otras naciones y gobiernos de la antigüedad establecieron métodos para la educación de sus súbditos en aras de la seguridad y con el transcurrir del tiempo, entre el pasado y nuestros días, la enseñanza en manos del Estado apura sus definiciones.

En Venezuela, por ejemplo, durante la colonia española, la Real y Pontificia Universidad de Caracas, cuya creación fue solicitada en 1697, sólo fue autorizada por la corona española, 24 años después, en 1721.

Era el comportamiento del Estado colonial con la educación, que no auspiciaba la difusión de la cultura porque sostenía que “el saber es contrario a la sumisión de los súbditos”.

Pero, una vez declarada nuestra independencia, en la Constitución de 1811, la primera de nuestro país como nación soberana, el Estado ejerce su función docente asignándoles a los gobiernos regionales especial atención en el trato y enseñanza a los indígenas.

En la Constitución de Angostura en 1819, el Libertador, para velar por las buenas costumbres y la educación del pueblo, creó el Poder Moral, integrado por dos cámaras: el Areópago, que se ocupaba de la moral pública, y la Cámara de Educación, que velaba por la enseñanza de los niños hasta los 12 años.
Igual ocurrió con la Constitución gran colombiana de Cúcuta, de 1821, que estableció la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años de edad.

Y en la constitución oligarca de 1830, en Venezuela, luego de la ruptura de la Gran Colombia, se instaba a las autoridades provinciales a estimular las escuelas primarias y casas de educación.

Así se repite en las de 1857 y 1858, y en las de 1864, 1874, 1881, 1893 y 1901, que reservan al poder federal la facultad de legislar sobre educación.

Avanzado el siglo XX, en la Constitución de 1936 se amplía la función docente del Estado y se asienta la obligatoriedad de activar una escuela en toda localidad con una población no menor de 30 niños, cosa que repite la Constitución de 1945.

En las últimas constituciones, hasta la de 1999, progresivamente se asentó la función docente del Estado, se consolidan los objetivos y funciones del Ministerio de Educación, y se afirman los estudios para la formación de docentes.
Durante todo el siglo XX, se aprueban decretos y códigos que van formalizando la experiencia educativa del país, y es en 1980, cuando se aprueba la primera Ley Orgánica de Educación, que fue derogada el pasado 13 de agosto, por una nueva Ley Orgánica.

La controversia por la nueva Ley

Desde hace meses, los sectores más conservadores de la política, la economía y la iglesia, en contrasentido histórico, vienen alarmando con la existencia de supuestos peligros derivados de la nueva Ley Orgánica de Educación, recién sancionada.
Valiéndose de sus poderosos medios de comunicación, han propalado toda clase de infundios sobre el contenido de ese instrumento legal.

Hábitos neoliberales

Todavía habituados al desenfreno neoliberal, estos sectores han tratado de enrarecer el clima político nacional, presentando como un riesgo para el sistema democrático el hecho de que el Estado ejerza su responsabilidad rectora en materia de Educación.

Apoyados en sus canales de televisión, emisoras de radio e influyentes periódicos, se han propuesto presentar al Gobierno como la cabeza de un Estado forajido y totalitario, que con este instrumento legal persigue fines aviesos.
Mentiras

Por ejemplo, desde un primer momento han dicho que la nueva LOE faculta al Estado para privar a los padres de la patria potestad sobre sus hijos, cuando lo cierto es que la norma (Artículo 17) convierte a la familia en partícipe y corresponsable de la educación de los niños.

Dice ese Artículo: “Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación”.

Lo asentado en este Artículo 17 de la Ley, desvirtúa también el infundio de la “ideologización y el adoctrinamiento” a los estudiantes por parte del Estado, porque teniendo las familias la responsabilidad manifiesta en la formación de valores, principios y creencias de sus niños, mal puede el Estado “ideologizarlos”.
Además, otro Artículo, el 12, prohíbe expresamente la propaganda política y partidista en los centros educativos, cuando dice: “No está permitida la realización de actividades de proselitismo político o propaganda partidista en las instituciones y centros educativos, del subsistema de educación básica, por cualquier medio de difusión, sea oral, impreso, eléctrico, radiofónico, telemático o audiovisual…”

Iglesia arrogante

De las casi cien iglesias y cultos que hacen vida en Venezuela, han sido los altos representantes de la fe católica quienes han arremetido contra el carácter laico de la educación, asentado en el Artículo 7 de la Ley.

Este artículo señala: “El Estado mantendrá en cualquier circunstancia su carácter laico en materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y organismos religiosos”.

Y en concordancia con el ya citado Artículo 17, añade: “Las familias tienen el derecho y la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas, de acuerdo con sus convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de culto, prevista en la Constitución de la República”.

Con la arrogancia que le dan la tradición histórica y la costumbre, la alta jerarquía de la iglesia católica, ignora deliberadamente la existencia de otros cultos, tan dignos para sus seguidores como la fe católica para los suyos, y se opone a la equidad, respeto e independencia que, en esta materia, debe observar todo Estado soberano.

Por tradición y costumbre, también, quiere ser la única “oficialmente” reconocida por el Estado, para permanecer en las aulas de nuestras escuelas.

Feligresías minoritarias

En el año 2006, con motivo de debatirse la posibilidad de una nueva Ley de cultos en el país, Monseñor Baltasar Porras, para aquel entonces arzobispo de Mérida y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), aseguraba en tono arrogante: ‘…el 90 por ciento de los 25 millones de venezolanos han sido bautizados según las normas de Roma”.

Y añadía: “Los otros 85 cultos registrados legalmente en el país (en ese entonces) cuentan con una feligresía minoritaria; pero más importante aún es, que su impacto social es reducido comparado con las actividades que para el beneficio de las comunidades realiza la Iglesia Católica. Esto incluye educación, salud, albergue a desposeídos, geriátricos, entre otros’.

Ignorancia mediática

Otra de las falacias especialmente difundida por los medios opositores, es la que plantea que a falta de una Ley contra los delitos mediáticos, el Gobierno va a utilizar la LOE para silenciarlos y sancionarlos.

Para ello denuncian el Artículo 10 de la Ley recientemente aprobada, que, bajo el epígrafe: Prohibición de incitación al odio, asienta: “Se prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país, la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, propaganda y promociones de cualquier índole, a través de medios impresos, audiovisuales u otros que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la intolerancia, la deformación del lenguaje…”

Y agrega: “…que atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética, las buenas costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos humanos y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes; que promuevan el terror, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro del medio ambiente y el menoscabo de los principios democráticos, de soberanía nacional e identidad nacional, regional y local”.

Lo que llama la atención es que este Artículo es copia fiel del Art. 11 de la Ley Orgánica de Educación, de julio de 1980, rigió hasta el pasado 13 de agosto, y en sus 29 años de vigencia, nunca, como ahora, fue objetado por los grandes medios de comunicación.

Ese Artículo, apunta:”Los medios de comunicación social son instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo; en consecuencia, aquellos dirigidos por el Estado serán orientados por el Ministerio de Educación y utilizados por éste en la función que le es propia. Los particulares que dirijan o administren estaciones de radiodifusión sonora o audiovisual están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la presente ley…”

Y adicionaba: “…Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres. Asimismo, la Ley y los reglamentos regularán la propaganda en defensa de la salud mental y física de la población.”

El Estado Docente

Como dijimos al principio, en todas las épocas, desde la Grecia antigua hasta nuestros días, el Estado, ha ejercido siempre una función docente.

Fue el maestro y educador venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien en la Convención Nacional del Magisterio, reunida en Valencia, en 1943, introdujo la noción del Estado Docente, al presentar su tesis : “Problemas de la educación venezolana”.
Reflexionaba el insigne educador, “que en un país cualquiera, en una época cualquiera, es inconcebible que el Estado deje abandonada, al capricho de las actividades particulares, la formación de la conciencia de los ciudadanos”.

En su libro “El Estado Docente”, reeditado en el 2006, señala: “Esto que decía entonces es doctrina fundamental de la educación y en la política educacional de todos los pueblos civilizados de la tierra”.

Definía al Estado como “ la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo, que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común”.

Y añadía: “El Estado interviene por derecho propio en la organización de la educación del país, y orienta , según su doctrina política, esa educación”.

Ahondando en la idea, sentenciaba: “Depende la orientación de una escuela, de la orientación política del Estado”.

Así, expresaba: “Si el Estado es fascista, la escuela es fascista. Si el Estado es nazista, la escuela es nazista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista. Y si el Estado es democrático, la orientación de la escuela , necesariamente, tiene que ser democrática”.

El centro de la discusión

Es precisamente esta visión del carácter del Estado y de su potestad docente, lo que a fin de cuentas concita la inquietud política de la derecha, de la oposición política al Gobierno del presidente Chávez.

La LOE, en su Artículo 5, asume la definición del Estado Docente: “El Estado Docente es la expresión rectora del Estado en Educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable y como servicio público que se materializa en las políticas educativas…”

Y en el Artículo 6, define las competencias del Estado Docente:”El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia educativa, ejercerá la rectoría el Sistema Educativo…”, y seguidamente enumerara las múltiples tareas que le corresponden.

La amplitud democrática de la LOE aterra a la oposición. Y es que los principios y valores rectores de la educación, contenidos en el Artículo 3, que asume “ la formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la formación de una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, y la práctica de la equidad y la inclusión…”, son absolutamente contrarios a los intereses políticos de las corrientes neoliberales, que hasta ahora han hecho negocios con la enseñanza privada.
Los valores fundamentales en ella definidos: “…el respeto a la vida, el amor y la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del bien común…(Art.3).
Y la definición de que la educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter laico, integral, permanente, con pertinencia social, creativa, artística, innovadora, pluricultural, multiétnica, intercultural y plurilingüe. (Art.3).

Así como su objetivos declarados en el Artículo 15: “Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía”; “Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica y el fortalecimiento del poder popular”; “Fomentar el respeto a la dignidad de las personas”; “Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad”.

Y la corresponsabilidad en el hecho educativo que el Artículo 17 extiende a la familia, la sociedad, la escuela y el Estado, constituyen valores de la LOE que niegan la visión excluyente de las posturas neoliberales y que apuntan a formar venezolanos libres e integrales, capaces de impulsar y comprometerse con el futuro de la patria y de sus hijos.

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